Plan contra la prensa en RD?

No creo que haya un plan gubernamental en contra de la prensa. Acontecimientos aislados provocados por funcionarios con gran capacidad reactiva, posiblemente muy sensibles a las críticas u observaciones ciudadanas respecto de su actuación pública, los saca de su control y/o se muestran intolerantes; pero en modo alguno significa, por lo menos lo creo así, una postura oficial, una "línea política" o cosa parecida. He mi calidad de periodista he trabajado con personas de distintos niveles jerárquicos que ante cualquier eventualidad reaccionan con profesionalidad en cuanto a manejos de conflictos se refiere. Se administran sanamente, sin necesidad de atropella a nadie ni de insultar o molestarse. Asumen una actitud de obvia defensa pero racionalmente. He conocido a otros hipersensibles, incapaces de comprender el rol de la prensa en cualquier sociedad, la gestión de informar de hechos u acontecimientos y, en consecuencia, se entienden inmaculados. Mi postura, cuando he ocupado posiciones de defensoría de una imagen o comportamiento de cualquier empresa privada o institución pública es de que se reconozca y comprenda el derecho de la prensa a informar y el deber de la empresa o institución gubernamental de informar, rendir cuenta porque, por encima de todo, en lo que respecta a la administración pública, obedecemos al ciudadano, es quien vota a favor o en contra, es que aporta el dinero -vía impuestos- para que actuemos siempre a favor del ciudadano, de la sociedad. A los gobiernos y/o al Estado se va a servirle al país, a sus ciudadanos, a la sociedad, por y para el bien de todos, sin ninguna excepción, sin importar el color o símbolo de su partido. Ese ha de ser el principio. No vamos ni debemos ir a servirnos de nuestras funciones. Si usted, como funcionario público, organiza una campaña publicitaria, situación muy común, tiene que darse cuenta (respetar) que está utilizando dineros, bienes, públicos, y la principal defensa es al dinero jamás suyo, de todos. Por lo tanto, calidad pero a bajo costo, defendiendo un dinero que, por su función pública, le toca administrar sabiendo que debemos rendirle cuenta al país. En el caso de un funcionario público que asume la postura de nunca pagar un servicio, ya el agua o la energía eléctrica, se trata de un comportamiento individual. Es una decisión del individuo, muy privada. Sin embargo, desde el mismo momento en que obra como funcionario público sus razones para motivar una decisión individual desde lo privado se revierte en su contra porque la calidad del servidor público, entre otras tantas cosas, está su condición de ejemplarizador, de modelo o referencia de cualquier ciudadano. Y mucho más cuando hay campañas gubernamentales dirigidas al ciudadano para que pague el servicio de la energía eléctrica o el agua recibida en su hogar u centro laboral. Luego, como funcionario público resulta improcedente, contraproducente, negarnos. Es lo que explica las reacciones en su contra que ha recibido el candidato presidencial del Partido Revolcuionario Dominicano, ingeniero Hipólito Mejía, cuando exhorta todo aquel agricultor o productor agrícola a no pagar su deuda contraída con el Banco Agrícola porque cuando él esté en el Palacio Nacional ordenará condonarla. Lo mismo que respecto al llamado hecho a los arroceros. Si criticamos al ingeniero Mejía por tal declaración, no tendríamos calidad moral si optamos por una decisión similar al negarnos a pagar un servicio público. Pero hablamos de la prensa, y mucho más que de violaciones o formas de entorpecer su ejercicio, hay una plena libertad, y se expresa a través de los distintos programas radiales y de televisión, lo mismo que mediante los artículos de opinión publicados por la prensa impresa y/o digital. Insisto, hay manifestaciones de intolerancia individuales, no así como conjunta, del gobierno como unidad.Y cae de la mata la necesidad del propio gobierno de descalificar a todo funcionario público que incurriera en prácticas criticables, de intolerancia.